La prensa europea, en su mayor parte, se plegó al relato de las derechas vernáculas en América Latina, y replicó, con matices, el entusiasmo de la Administración Trump, que se apresuró a festejar el golpe. Algo semejante ocurrió en 2002, ante al golpe contra Chávez. Y unos años más tarde, ante el golpe contra Zelaya. Estos y otros comportamientos revelan una política de Estado.

Esta vez, Trump fue más que explícito en su apoyo a los golpistas. Felicitó en un comunicado a las Fuerzas Armadas de Bolivia por el trabajo realizado en «pos de la democracia y la felicidad del pueblo boliviano». El mensaje es consonante con la larga historia de intervencionismos de los Estados Unidos en la región. También el rol de la OEA reveló el lugar que ocupa en el tablero geopolítico como cabeza de playa del imperialismo estadounidense. 

En principio, el silencio y la aparente indiferencia europea ante el golpe en Bolivia llama la atención, como llaman la atención las «exóticas» justificaciones que se utilizan para minimizar la significación que tiene el golpe en términos económicos, políticos y sociales, y las consecuencias que tendrá para el futuro de Sudamérica. Digo «en principio», porque no hace falta mucha perspicacia para comprender que estos silencios e indiferencias son parte del decorado que exige el momento. 

A nadie se le escapa que América Latina, pese a lo variopinto de su geografía y su cultura, conforma un bloque en el cual las vicisitudes nacionales se traducen en epidemias regionales. 

La derrota del llamado «bloque populista», después de más de una década de victorias electorales y relativos éxitos de gestión (y algunos sonados fracasos), en un período que se bautizó, tal vez ingenuamente, como «posneoliberal», lo articuló una Santa Alianza formada por (1) el poder corporativo (en el cual el rol del periodismo fue crucial); (2) el eje transatlántico; y (3) un poder judicial convertido en brazo armado del poder financiero y los sectores clave de la economía local, que convirtieron en enemigos a los contrincantes políticos, persiguiéndolos, acorralándolos y encarcelándolos. 

Ocurrió con Chávez en Venezuela, con Zelaya en Honduras, con Lugo en Paraguay, con Dilma y Lula en Brasil, con Cristina en Argentina, y con Rafael Correa en Ecuador; mientras aquí, en España, los defensores a ultranza de sus respectivas democracias, cada uno envuelto en su propia y agitada bandera decorada con signos de pronta batalla, guardaban un silencio cómplice o tergiversaban los hechos para acomodarlos a sus propias circunstancias. 

Ahora bien, el golpe perpetrado contra Evo y el pueblo boliviano se distingue en un aspecto crucial de los golpes blandos y el lawfare a los que nos tienen habituados los del establishment. Ha entrado en escena un nuevo-viejo actor (4) las fuerzas armadas. Esto eleva la alarma de peligro al nivel rojo. 

Porque, mientras aquí en España se discute sobre el franquismo «amagado» de la sociedad española, o se mientan los supremacismos identitarios, un golpe de Estado en Bolivia, perpetrado por las Fuerzas Armadas y apoyado por la diplomacia estadounidense y europea (un golpe de Estado perpetrado contra el experimento progresista más inusual y feliz que haya vivido el mundo en muchas décadas) es ignorando enteramente, no solo por las derechas explícitamente xenófobas y los nacionalismos excluyentes, sino también por aquellos cuyos lemas y postureos habituales presumen de progresismo. 

No hace falta ser muy leído (aunque se exige una buena cuota de desmemoria para no reconocerlo de este modo), que las proscripciones, los exilios, los asesinatos, los encarcelamientos, las desapariciones, las falsas denuncias, las extorsiones, han sido (en gran medida) acciones perpetradas por las derechas de la región para torcerles el brazo a las fuerzas populares, envalentonadas y ambiciosas de libertad e igualdad.  Mientras tanto, las fuerzas «progresistas europeas» optan por la indiferencia, o la intelectualización fácil, para evitar confrontar con el poder hegemónico en sus propios campos de batalla en asuntos que no valen la pena. 

La reacción del gobierno aún en funciones es una amenaza velada, dirigida contra el gobierno electo de Alberto Fernández (a quien llaman «el títere») y Cristina, la «yegua populista», la del nombre prohibido, la que en los dos lados del Atlántico provoca rechazos enconados inculcados por los periodistas y escritores «decentes».  

Al justificar el golpe, al describirlo como «inestabilidad institucional», y al retratar los acontecimientos como una mera dimisión del presidente Morales, consecuencia de sus propias faltas institucionales (su hipotético fraude), Macri y sus aliados en la región le guiñan un ojo a las Fuerzas Armadas, les reconocen el rol de «reserva moral de la patria», el rol que antiguamente servía para atizar sus intervenciones para interrumpir los procesos institucionales cuando la valoración ético-política de las élites lo juzgaban necesario. 

De este modo, la derecha latinoamericana, ahora en retroceso (lo vemos en Chile, en Ecuador, en Argentina, en Brasil), se guarda la carta de la violencia política ante la eventualidad del resurgimiento de una política progresista que ponga en cuestión la adquisición de nuevos privilegios por su parte. 

Pero el golpe de Bolivia tiene un aspecto que debería avergonzar aún más al progresismo europeo, enfrentados al negacionismo institucional y mediático que los envuelve. El golpe en Bolivia es un golpe racista, perpetrado contra el gobierno indígena de la región, dirigido explícitamente contra estos colectivos. 

Hoy sabemos que la denuncia del supuesto fraude está en duda, que el informe de la OEA, una vez más, fue una jugada de la organización para facilitar la instauración de un gobierno títere en el Palacio Quemado. No debemos olvidar los repetidos enfrentamientos que durante los últimos catorce años tuvo el gobierno de Morales con la Embajada Estadounidense en el país, y las administraciones de turno en la Casa Blanca. 

La Unión Europea se ha desentendido enteramente de la cuestión y deja hacer. El gobierno de Sánchez, se ha desmarcado de la ambigüedad de la Euro-cámara y ha condenado la intervención militar, pero ha dado por bueno el informe de la OEA, permitiendo una interpretación laxa de los acontecimientos. 

La hipótesis del fraude electoral queda descartada

Hoy sabemos, porque así ha quedado constatado por el Center for Economic and Policy Research (CERP) en los Estados Unidos, que la OEA – presidida por Luís Almagro, quien fue en su momento expulsado del Frente Amplio por promover una intervención militar estadounidense en Venezuela, el mismo que llamó al expresidente español José Luís Rodríguez Zapatero «imbécil», por oponerse a una solución militar – ideó y ejecutó el «bulo» del fraude electoral para justificar la violencia y forzar la dimisión del gobierno de Morales, que, para ello exigía una intervención militar en toda regla para concretarse. La evidencia apunta a que Luís Almagro recibía órdenes desde Washington, y como en otras ocasiones, actúa perfectamente alineado a los intereses de la Casa Blanca, cuya beligerancia contra el bloque latinoamericanista es indudable. 

A estas horas en las que la prensa internacional y los gobiernos pro-mercado del viejo continente comienzan a tratar los eventos acaecidos en Bolivia como «hechos consumados» y blanquean a los golpistas, ni el fraude electoral, ni la certeza del triunfo rotundo de Evo Morales en primera vuelta pueden ya ponerse en duda. 

Como señala Ernesto Tiffenberg en su nota en Página12, lo único que les queda a quienes pretenden justificar el golpe es acudir a la explicación de la ilegalidad constitucional de la participación de Evo en las elecciones. Sin embargo, como señala Tiffenberg, la participación de Morales no solo fue refrendada en su momento por el Tribunal Supremo, sino que fue aceptada por la oposición, y defendida por la propia Organización de Estados Americanos que consideró «discriminatorio» impedir la participación de Evo Morales en el proceso eleccionario. 

Las conclusiones del CERP en su informe titulado «What Happened in Bolivia’s 2019 Vote Count? The Role of the OAS Electoral Observation Mission» («¿Qué ocurrió en el recuento electoral boliviano de 2019? El rol de la misión de observación electoral de la OEA») señalan que el voto a favor de Morales es ampliamente superior a lo estrictamente necesario para un triunfo en primera vuelta. También deja entrever que la misión de la OEA en su informe actuó con motivaciones políticas y en detrimento de la transparencia que su rol exige. Luís Almagro exigía con virulencia y fanatismo la intervención estadounidense en Venezuela. Ha logrado un golpe en Bolivia y una ola de violencia que anuncia muertes y daños irreparables. La prensa europea hace la vista gorda.