«Inseguridad»

El término hace referencia a la delincuencia, al clima de relativa anarquía que reina en las calles, que suscita temor y angustia entre la ciudadanía.

Los medios de comunicación nos regalan, día a tras día, imágenes y relatos de esa violencia concertada. Frente a ello, los ciudadanos responden con virulencia exigiendo mano dura.

Las respuestas políticas son diversas. Por un lado, se afilan los métodos de control y vigilancia. Se pretende modernizar a las fuerzas del orden equipándolos con armamento más sofisticado y tecnologías de vigilancia más insidiosas con el fin atajar el problema por medio de un aparato represivo bien engrasado. Por el otro, se pretende ir a la raíz del problema abordando las causales sociales, económicas y políticas subyacente.

Mano dura o transformación social

Para empezar a entender lo que nos incumbe es necesario, sin embargo, articular los relatos que hacen inteligible las posiciones de quienes se adhieren a cada una de estas posiciones.

Quienes levantan el estandarte de la mano dura y exigen mayor vigilancia y represión, quienes promueven una justicia más acelerada a la hora de juzgar los delitos de esta índole y exigen un régimen carcelario que impida que las penas impuestas no se cumplan en su integridad, tienden a enfatizar que el delincuente características negativas inherentes: el delincuente es un enemigo sustancial que debe ser perseguido y (en vista a que no es posible exterminarlo) someterlo a una estricta vigilancia y castigo.

Para estas personas, el país se divide entre (1) aquellos que forman el círculo de las personas de decentes, las personas de bien, y (2) aquellos otros que amenazan el bienestar de los buenos, irrumpiendo en sus existencias violentamente con su maldad.

Quienes abanderan la segunda solución señalan que la delincuencia echa sus raíces (en su mayor parte) en las distorsiones que produce una distribución injusta de los recursos y oportunidades que afecta de manera prolongada a amplios sectores de la comunidad, empujando a muchas de estas personas al delito como alternativa al atolladero de indignidad en el cual se encuentran cautivos.

El delito y la pobreza

Las actuales circunstancias de inseguridad exigen que el Estado ejercite su rol coercitivo y represivo, especialmente ante la extensión del fenómeno discutido. Pero haríamos mal en creer que la solución al problema de la inseguridad es un problema de índole policial. Los índices de delincuencia evidencian que existe una correlación con la inequidad. Es decir, existe una conexión indiscutible entre pobreza y delito.

El debate sobre la pobreza en el Chaco

Un caso que se cita con peculiar insistencia es el de la provincia de Chaco. Muchos de nosotros hemos tenido ocasión de ver imágenes estremecedoras de lo que ocurre en esta provincia argentina. Los “enlatados” de la web nos muestran una población infantil afectada por la desnutrición y sus secuelas. El problema es que la tragedia se utiliza como propaganda política contra el gobierno nacional. Sin pretender eximirlo de responsabilidad, me interesa que prestemos atención a otros factores que suelen mantenerse silenciados.

Durante el mes de agosto, el escritor chaqueño Mempo Gardinelli mantuvo una correspondencia abierta con el empresario sojero Gustavo Grobopocatel. El tema de la discusión fueron los efectos del actual modelo productivo agroindustrial sobre la población local. De las epístolas redactadas por ambos extraigo la siguiente conclusión: existe una responsabilidad compartida de la miseria de la provincia por parte del Estado negligente a la hora de encontrar soluciones ante el flagelo de la indigencia y la pobreza, y no en menor medida, en el sector corporativo, en este caso las corporaciones agrarias favorecidas por una renta extraordinaria, que su afán de rapacidad contribuyen al malestar societal.

Eso es justamente lo que pasa desapercibido a una parte importante de la ciudadanía que insiste en hacer pesar sobre un Estado debilitado por las prácticas neoliberales la responsabilidad absoluta sobre la situación del país. Desde este punto de vista, el emprendimiento privado se encuentra encuentra libre de toda responsabilidad porque es constitutivo de su naturaleza y su sentido la búsqueda exclusiva del beneficio y la expansión de la tasa de ganancia.

Contra este “lugar común” de nuestra cultura es que propongo revistiera un par de ideas que pueden ayudarnos a clarificar el tema. Para ello voy a remitirme muy brevemente al análisis tomista de la justicia. Apreciar ciertas soluciones históricas puede ayudarnos a echar luz sobre ciertas auto-comprensiones tácitas que definen nuestras encrucijadas. El punto de partida o principio básico sobre el cual se articulan las ideas que presentaré a continuación es que el fin o sentido último de la práctica política es el bien común.

Lo justo

De acuerdo con MacIntyre, Tomás comienza su discusión sobre el contenido de la justicia humana dilucidando su relación con el justo. Lo justo, dice Tomás, es lo que se le debe rectamente al otro en vista de la ley natural y la ley positiva. Es decir, lo justo es lo que define las relaciones que una persona tiene con las otras, y en ese sentido la justicia nombra, por un lado, “la virtud de vivir de acuerdo con esas normas” y “la voluntad constante y perpetua de dar a cada persona su merecido o lo que se le debe como el criterio de lo recto requerido de cada uno de nosotros.”

Recordemos que, siguiendo a Aristóteles, Tomás distingue dos modos de la justicia. Por un lado, la justicia distributiva, cuyos requisitos se satisfacen cuando cada persona recibe en proporción a su contribución, es decir, recibe lo que es debido con respecto a su status, cargo y función, y en la medida de cómo los haya cumplido, contribuyendo de ese modo al bien de todos. Por el otro lado, la justicia conmutativa, cuyos requisitos se cumplen cuando se restituye, en la medida de lo posible, el mal realizado, y cuando las penas por las malas obras son proporcionales a las ofensas cometidas.

Esta distinción es importante para la cuestión que estamos debatiendo. La discusión respecto a la inseguridad tiene que tomar en consideración estos modos de justicia. Un ejemplo de ello es la manera en la cual se enfatizan, de acuerdo con nuestros adversarios políticos, las soluciones represivas, manteniendo desatendidas de manera notoria las cuestiones relativas a la justicia conmutativa que se encuentran relacionadas con el tipo de restitución a los males prolongados sufridos por quienes se encuentran sujetos a existencias miserables debido a políticas económicas, políticas y sociales que han estado al servicio de una minoría de la sociedad.

La propiedad privada y su excepción

Un ejemplo que trae a colación MacIntyre sobre el análisis de Tomás sobre el tema que estamos discutiendo es el modo en el cual éste se enfrenta a la cuestión del hurto. La condena del mismo, nos dice, se justifica sobre la presuposición de la propiedad privada. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que, a diferencia de los liberales modernos como Hume o Locke, que rechazaron cualquier límite a la propiedad privada, Tomás de Aquino se adhirió a la concepción patrística en este respecto. Dice MacIntyre:

«Si alguien estuviera en una necesidad desesperada, o tiene a otros de los cuales es responsable que están en semejante necesidad, entonces esa persona puede tratar como parte de la propiedad comunitaria de los seres humanos cualquier cosa que de otra forma pertenecería a otro, que le salvara a él o a ella, o a los otros de los cuales es responsable, de perecer; lo cual no está requerido similarmente de la persona que hasta entonces haya sido el dueño de esa propiedad, con tal de que sólo los que así convierten la propiedad privada en propiedad común no tenga ningún otro recurso. La propiedad está limitada por las necesidades humanas.»

El estado y el poder corporativo

Creo que si esto es cierto para la época de Santo Tomás es aun más cierto para nuestra época. Sin embargo, no voy a detenerme a explorar esta cuestión en profundidad. Lo único que pretendo ahora mismo es poner sobre el tapete, un poco para exorcizar los demonios neoliberales que mantienen cautivos, es recordar que en esta época de la modernidad tardía en la cual la burocracia estatal y la esfera corporativa tienden a funcionar de manera conjunta, es apropiado acentuar la co-responsabilidad de todos los actores en la construcción social de la realidad.

Los gobiernos son más débiles de lo que suele pensarse. Los mecanismos burocráticos, como decíamos, son el producto de las negociaciones que llevan a cabo poderosos lobbies para dar con canales fluidos que permitan maximizar los beneficios de sus respectivos grupos económicos. Por lo tanto, es imprescindible que la ciudadanía no desatienda a la responsabilidad corporativa o pretenda que un mero gobierno (que al fin y al cabo se encuentra siempre sujeto a la actividad plebiscitaria de su población) es responsable absoluto de las miserias de nuestra patria.

Conclusión

Para concluir, regresemos a la cuestión de la inseguridad tomando en consideración la propuesta tomista. En ese sentido, es apropiado reconocer que existe una deuda pendiente (en la cual hemos incurrido todos, no sólo este u otro gobierno, no sólo el Estado, y especialmente aquellos que se han beneficiado con políticas de saqueo) con una parte de la población que se encuentra en estado de extrema necesidad.

Eso implica que las llamadas «políticas de seguridad» deben tomar en consideración el daño prolongado y continuado inflingido a nuestros compatriotas, adoptando frente al delincuente una suerte de doble criterio: por un lado, debemos reconocer que, pese a ser efectivamente un delincuente a la hora de delinquir, es también una víctima de políticas socio-económicas que muchos de nosotros hemos apoyado activamente, o permitido que se promuevan gracias a nuestra indiferencia o pasividad política, y a través de las cuales nos hemos beneficiado de un modo u otro aun a costa de estos sectores.