Las calles están encendidas por el entusiasmo de una parte destacada de la ciudadanía catalana que acompaña, eufórica, la decisión de sus autoridades de rebelarse contra el gobierno español, aferrándose a la decisión de convocar un referéndum y, eventualmente, declarar unilateralmente la independencia el próximo 1 de octubre.
En ese contexto, las grandes universidades catalanas han sido tomadas por los estudiantes. Miles de alumnos invaden el histórico edificio de la Gran Via de les Corts Catalanes.
Mientras tanto, el gobierno español ha fletado cruceros con el fin de alojar al contingente de guardias civiles que vienen desde fuera de Catalunya para reforzar la presencia de las fuerzas de seguridad en el territorio catalán, hacer cumplir las órdenes de los juzgados y desplegar la estrategia del gobierno del Partido Popular, cuyo objetivo central es impedir a toda costa el referéndum, incluso si este se conviertiera en un mero acto cívico de protesta, sin consecuencias jurídicas inmediatas.
Las protestas se repiten en todos los rincones del territorio. Frente a las delegaciones del Estado, los manifestantes paciente y festivamente corean sus consignas y agitan sus esteladas desafiando pacíficamente la fuerza coercitiva del Estado que, ante el carácter lúdico de las protestas, solo atina a mantener una tensa presencia en las calles. Los incidentes, teniendo en cuenta el tamaño de las manifestaciones, y la gravedad institucional del momento, han sido prácticamente insignificantes.
El gobierno español ha perdido la partida en Catalunya, y el relato independentista está a estas horas en la cúspide de la aprobación ciudadana. El entusiasmo se palpa en las calles. Después de cinco años de bloqueo institucional, de reclamos democráticos legítimos, y de cerrada indiferencia por parte del gobierno central, el agotamiento reinante solo podía zanjarse con un golpe de efecto de esta naturaleza.
En los últimos meses, se decía: «El ‘procés’ se juega su última oportunidad.» La estrategia de apatía y ninguneo de Mariano Rajoy y su cohorte ha acabado sirviendo al independentismo el escenario de abulia y debilitada expectativa que necesitaba para concitar con un acto voluntarista el apoyo de la mayoría de los catalanes que, ahora, está dispuesta a arriesgar el débil equilibrio de encaje constitucional y europeo para que se le permita votar, para ejercitar su derecho a la autodeterminación.
El gobierno de Rajoy tiene los recursos del Estado a su disposición para amedrentar a los líderes políticos, y las fuerzas coercitivas para reprimir eventualmente la protesta social. El mecanismo represivo ya está en marcha. Las detenciones de altos cargos del Govern han mostrado claramente que la voluntad soberana del Estado español se ha puesto en marcha.
Sin embargo, el margen de Madrid es estrecho. Judicializar penalmente a una multitud es inútil, contraproducente. Al contrario de lo que pretende el presidente Mariano Rajoy, con cada día que pasa sin mover ficha en dirección a una salida negociada a la crisis, que le conceda a la sociedad catalana el premio a la consistencia de su reclamo democrático, mayor es el peligro que se cierne sobre sí mismo y España. Ha llegado el momento de dar un paso atrás (o al costado), y ofrecer una tregua y el compromiso de caminar hacia una consulta pactada que defina el futuro.
miércoles, 27 de septiembre de 2017
¿ATRAPADOS SIN SALIDA?
2012 y después
Desde hace algunos años (2012 es considerada la fecha clave) una parte importante – la inmensa mayoría de la ciudadanía catalana – exige un referéndum que dirima el estatuto identitario de Catalunya y su relación con España. En el seno de esa mayoría que exige el reconocimiento de la soberanía popular como punto arquidémico y fundamento de un destino colectivo, un número nada desdeñable apoya de manera rotunda la independencia.
Estos años, que van desde 2012 a la fecha, han coincidido con una crisis económico-financiera, jurídico-normativa, social y política (de dimensiones globales) que ha afectado de manera notoria a una Europa partida al medio y, otra vez, partida al costado. Se habla de la Europa de las «dos velocidades», de una Europa rica y dinámica versus una Europa pobre y perezosa. Se habla de las locomotoras de Europa (Francia y Alemania), pero también de los PIGS, que arrastra en sus vagones. En España, especialmente, la crisis se ha hecho sentir de manera notoria, colaborando de este modo a una revisión integral (aunque resistida por el establishment político-financiero) del status quo.
Independentismo y 15M
El movimiento independentista, y su crecimiento exponencial (ilustrado por las consecutivas movilizaciones populares de las Díadas), es pariente distante de las protestas del 15M y su articulación político-partidaria en Podemos y sus organizaciones afines a lo largo y ancho del territorio español.
Sin embargo, lo que diferencia al independentismo del 15M es el modo en el cual se resolvieron sus construcciones político-institucional en ambos casos. Mientras que Podemos es el emergente directo del movimiento popular de protesta, el independentismo catalán de Junts pel Sí (PdeCat, ERC y la CUP) es un batiburrillo de viejas estructuras y nuevos actores, unidos circunstancialmente por un enemigo común, y un mismo anhelo identitario, aunque incompatibles ideológicamente como el agua y el aceite.
El Partido Popular y el independentismo
La estrategia del Partido Popular ha sido el inmovilismo. En parte, fruto de la debilidad evidente que supone el extendido desprestigio de sus cuadros por causas sistémicas de corrupción, que le ha obligado a jugar una estrategia negacionista frente a todos los desafíos que se le presentan en el terreno judicial, político y social, lo cual le permite – entiéndase bien – seguir sosteniendo la apuesta neoliberal que sirve a los intereses corporativos que representa.
El independentismo es fruto de reivindicaciones históricas y circunstanciales. Articulado actualmente, como dijimos, en un batiburrillo ideológico, identificado exclusivamente por el amor a la patria catalana y el rechazo a la españolidad, el independentismo construyó su actual hegemonía sobre la base de malestares transversales que recurrieron al significante de la autodeterminación y la construcción del enemigo español, como banderas para la manufacturación de la nueva mayoría.
Como en el caso de la derecha española, que esconde entre los llamados “constitucionalistas” de diversos pelajes sus vergüenzas de corrupción y sus compromisos corporativos antidemocráticos, la derecha catalana, entre la mezcolanza ideológica de su frente patriótico, esconde décadas de arbitrariedades de clase, corrupción generalizada y su lealtad a la fe neoliberal que ha ayudado a consolidar en España y Europa durante décadas estando al frente de las instituciones catalanas.
Referéndum y derechos fundamentales
Hace algunas semanas, después de años de negativas por parte del gobierno español de constituir una verdadera mesa de diálogo que permitiera salir del atolladero del malestar ciudadano reinante, el independentismo promulgó las llamadas «leyes de transitoriedad», convocó a un referéndum no pactado con el Estado español sobre la base de la legislación catalana (luego cuestionadas por su inconstitucionalidad y actualmente suspendida por el Tribunal competente) y anunció que el resultado de ese referéndum, el cual se mide por mayoría simple y sin cualificación en términos de participación, servirá para declarar unilateralmente la independencia, 48 horas después de la cita electoral por parte del Parlament y el Govern de Catalunya.
La reacción del Partido Popular ha sido exclusivamente jurídico-policial. Detenciones e imputaciones a cargos públicos asociados directamente con la organización del referéndum, suspención de facto de competencias básicas de la autonomía catalana, confiscación de material electoral y amedrentamiento a los partidos políticos independentistas y a la sociedad civil, a través de un despliegue de miles de guardias civiles en todo el territorio de Catalunya con el fin de impedir la votación. La oposición política denuncia convincentemente ataques a las libertades fundamentales.
En busca de alternativas
Frente a las posiciones del independentismo que quiere votar sí o sí y convertir en vinculante el referéndum del 1 de octubre con el fin de declarar a posteriori, unilateralmente, la independencia, y el Partido Popular que persigue como delincuentes a los organizadores y facilitadores del referéndum, Podemos, junto con otros partidos políticos de izquierda y regionales, intentan una tercera vía, la cual se basa en dos premisas y la necesidad de lograr una condición necesaria: (1) la solución a la cuestión catalana solo puede hacerse a través de un referéndum pactado con el Estado – la sociedad civil exige votar; (2) ese referéndum tiene que estar arropado por un diálogo previo en el cual puedan desplegarse creativamente una serie de alternativas al independentismo puro y duro, con el cual deberán medirse en la votación; y (3) la condición de posibilidad de ese diálogo no es otra cosa que “sacar de la Moncloa” a Mariano Rajoy.
El actual referéndum no cumple con las garantías suficientes que permitan una declaración unilateral de independencia, ni tiene una cobertura legal y un reconocimiento internacional que asegure cierta estabilidad al nuevo experimento soberano en el marco europeo y mundial. Eso no significa que el referéndum no deba llevarse a cabo, ni se justifica con ello el accionar del ejecutivo español. Aquí lo que parece estar en juego es la credibilidad futura de la hipotética voluntad popular expresada en las urnas en estas circunstancias, con la consiguiente inestabilidad, incertidumbre y conflictividad que ello supondría.
El futuro inmediato
Qué vaya a suceder en los próximos días es imposible anunciarlo sin caer en política-ficción. Las últimas semanas han ido sucediéndose a golpes de impredecibles notorios. Por otro lado, no deberíamos pecar de ingenuos. El Partido Popular no es novato en estas lides. Todo lo contrario, el lugar en el que se siente más cómodo es el de la confrontación abierta con el “terrorismo” o los endilgados “enemigos del estado de derecho”, donde pretende una legitimidad absoluta. Le guardan sus espaldas una parte de la ciudadanía española que exige mano dura (lo contemplamos en las imágenes de la despedida a los contingentes rumbo a Catalunya de la Guardia Civil en Huelva, Córdoba y otras ciudades), y una estrategia comunicacional que enerva los espíritus más combativos.
El diálogo está lejos de considerarse una virtud en estas circunstancias. De un lado y otro de la trinchera han comenzado a sonar las acusaciones de ¡traición! hacia aquellos que exigen algún tipo de entendimiento y no aceptan como «ineludible» una confrontación abierta para ser resuelta a posteriori en armisticio.
Sea como sea, cualquier negociación política deberá contar con la participación ciudadana y el inmediato cese de la ofensiva del gobierno del Partido Popular contra las libertades fundamentales.
jueves, 28 de septiembre de 2017
EL DÍA DESPUÉS DE MAÑANA Y EL TIEMPO QUE RESTA
El referéndum
El 1 de octubre es una incógnita, ciertamente. Las circunstancias y la estrategia represiva nos obligan a ser precavidos. Si ocurre una desgracia, no será la primera vez. La violencia en las calles, en parte resultado previsible del empeño del gobierno de cerrar a cal y canto los centros de votación, tampoco es descabellado anunciarla de antemano.
Así lo demuestra la preocupación de los responsables de las fuerzas de seguridad autonómica que advierten sobre la amenaza al orden público que supone el cumplimiento stricto sensu de las órdenes judiciales en este caso. Se exige prudencia, pero la lógica positivista del actual Estado de derecho es implacable. La realidad no importa a la luz de la letra de la ley.
La movilización de la ciudadanía catalana es masiva, eufórica, decidida. Cualquiera sea el resultado de la «confrontación» del domingo, esos ciudadanos no regresarán a casa dispuestos a dejar sus banderas en el trastero. Los catalanes que no participan o se oponen, también sufren. La sociedad catalana es compleja, plural. Hay inquietud, hay miedo, hay rabia, hay desconcierto. Los silencios íntimos son tan ensordecedores como la algarabía de la protesta en las calles.
El día después
El 2 de octubre será otra cosa. Los únicos que parecen tener claro qué harán son los independentistas. Si se confirma su triunfo en las urnas (de la manera que sea) tienen su día después, y una hoja de ruta que establece de manera (también positivista) la automática declaración unilateralmente de independencia. Incluso si no pasa de ser un gesto simbólico, ceñirá las negociaciones futuras a un hecho consumado (¿tendremos entonces una suerte de Govern y un Parlament catalán en el exilio?).
Si el referéndum no permite una declaración de este tipo, el independentismo habrá concitado una extensa simpatía internacional, lo que le permitirá desplegar una férrea estrategia de resistencia pasiva que ensanchará ese reconocimiento a largo plazo.
En cambio, entre los partidos de proyección estatal reina el desconcierto.
El Partido Popular está decidido a mantener el status quo, pese a que el vehículo constitucional ya da signos de serio deterioro, y su liderazgo circunstancial ha perdido buena parte de autoridad moral. El referéndum, recordémoslo, es también una ocasión para la protesta social no independentista, una suerte de plebiscito contra Mariano Rajoy. Así lo presentan los seguidores de Colau e Iglesias, fuerzas que tampoco son desdeñables numéricamente. Este aferramiento del PP al status quo normativo condena a diversas formas de exclusión a la ciudadanía que responde protestando (de diversas maneras) y a la que se enfrenta «siempre» de manera represiva. Recordemos que aun vivimos bajo la vigencia de la Ley de seguridad ciudadana o «ley mordaza».
El Partido socialista parece perdido en su propia guerra intestina, en sus contradicciones históricas, en su falta de coraje político, paralizado ante este tsunami que los ha dejado boquiabiertos, balbuceando una propuesta que podría haber tenido mejor suerte en otras circunstancias, pero que ahora mismo resulta inaudible, y con su líder político criticado a sotto voce por los históricos, leales e intransigentes ante cualquier desafío a la constitución del ’78.
Podemos, aunque abiertamente predispuesto a las exigencias del soberanismo catalán, es presa también de sus propias contradicciones, las cuales resuelve retorciendo el lenguaje político para imaginar un escenario optimista que lo elude. Frente a la crisis de la democracia, “más democracia» – sostienen sus líderes políticos, aunque el diálogo propuesto tiene el límite de los extremos inclaudicables de los nacionalismos enfrentados que no entienden de razones.
Ciudadanos, por su parte, ve peligrar su propia piel en este entuerto, y su reacción parece un calculado gesto de supervivencia. El líder naranja cierra fila y se envalentona desde Madrid, pero su suerte política ha quedado sellada. Convertido en un sello de fantasía del Partido Popular, apuesta a salvar el pellejo aliándose sin matices con el gobierno y avalando sin cortapisas la respuesta desprolija del ejecutivo a través de una justicia sospechada.
El tiempo que resta
La respuesta judicial (y policial) es la única respuesta posible, porque es la única propuesta que tiene delante el gobierno en el actual estado de desconcierto. En este marco, el 2 de octubre amenaza con convertirse, no en el remanso posterior al clímax que prometía el referéndum, sino el comienzo de una orgía de protestas y escalada represiva que nos mantendrá ocupados durante mucho tiempo.
El 2 de octubre comienza el «mambo,» decía la CUP en su publicidad de campaña. Y ayer, Ana Gabriel redondeaba la idea señalando que, ante la embestida del gobierno de Mariano Rajoy, «quizá haya que volver a dinámicas de clandestinidad.»
Empeñados todos los actores en la victoria, y ante la ausencia evidente de un político de envergadura en Madrid que asuma el desafío del presente como una oportunidad, el 1 de octubre amenaza convertirse en el prolegómeno de un tiempo que no podrá ya resistirse a que sus comentaristas lo describan por medio de metáforas bélicas.