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Como era de esperar, la decisión de la Dra. Cristina Fernández de Kirchner de renacionalizar YPF trajo consigo de todo. Lo más importante, los debates y encendidos festejos que congregaron a la ciudadanía. Pero además, la posibilidad de constatar la argumentación que sostiene la perspectiva de nuestros contrincantes en la disputa por el sentido.
Tres asuntos llaman la atención del cronista y lo acicatean a volver a las lides. Lo primero, recordar la cuestión material, es decir, la experiencia que justifica con creces la intervención estatal en el asunto que nos incumbe. En segundo término, la cuestión formal, la tan mentada “seguridad jurídica” que (se dice) vuelve a ser vapuleada por el gobierno en ejercicio. Finalmente, la cuestión de la factibilidad. Es decir, por qué ahora y no antes, que es uno de los argumentos predilectos utilizado por los más recalcitrantes, pero también por quienes acompañaron en general la iniciativa, sumándose con recaudos, pero con firmeza, al hecho consumado de la expropiación y la intervención decretada.
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Comencemos por la cuestión material. Para dar cuenta de ella me remitiré a la experiencia común del último año: el desabastecimiento continuado. Basta con echar una mirada distraída a nuestro entorno para comprender la importancia que tiene para la económica del país el consumo de energía. Aquí, cuando decimos “económico” no hacemos referencia a un subsistema abstracto, autónomo, como el que pretende teorizar el neoliberalismo. Aquí, cuando decimos “económico” queremos decir, en primer lugar, y fundamentalmente, lo que hace posible la vida de la gente, la reproducción de la vida, eso precisamente de lo que fuimos largamente despojados a lo largo de nuestra historia. La energía es el alimento básico de nuestra dieta cotidiana. Todos nuestros quehaceres económicos dependen de este alimento.
Y aún hay más: porque, como decíamos, lo económico no es un subsistema autónomo como pretenden los neoliberales. Lo económico, lo político y lo social-cultural se encuentran estrechamente interrelacionados. El fracaso económico trae consigo desgobierno y fractura socio-cultural. Por lo tanto, nuestra supervivencia como sociedad depende estrechamente de nuestro libre acceso y disponibilidad de energía. Si nos amenazan con el desabastecimiento energético, nos amenazan “mortalmente”.
Las grandes potencias van a la guerra para hacerse con las reservas petroleras de otras naciones soberanas. Se ha masacrado y se masacra para tomar posesión de esos recursos de manera escandalosa. La soberanía y los derechos humanos son moneda de cambio que las grandes corporaciones están dispuestas a pagar sin pestañar cuando se trata de asegurar contratos provechosos. Las mismas empresas que se rasgan las vestiduras aludiendo a la inseguridad jurídica son las que aceptan de buena gana la violencia militar inescrupulosa sobre la población indefensa para asegurarse jurídica y fácticamente el acceso al recurso.
En este contexto debe entenderse la disputa con REPSOL. Si esta hubiera cumplido con el país al que pertenecen en última instancia los recursos usufructuados, la situación actual no hubiera acontecido. La decisión no es fruto de una voluntad caprichosa. Con una pizca de honestidad intelectual pueden rastrearse los antecedentes en la prensa local, donde se verifica que la empresa mantuvo una actitud amenazante ante el Estado con el propósito de torcer su voluntad por medio de una estrategia de desabastecimiento que mantuvo en vilo a la ciudadanía durante meses. La peligrosidad para la salud social de prácticas de esta índole es evidente. Bloquear el acceso al alimento a una persona durante un tiempo prolongado es intolerable. Las prácticas de REPSOL fueron análogas en muchos sentidos a dicha ilustración. Las crónicas de la prensa extranjera de manera persistente eluden ese aspecto del conflicto que enmarca la decisión a favor de la renacionalización.
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La segunda cuestión que se ha puesto en la palestra es la “informalidad” de la medida adoptada. Esto no es cierto, porque existen sólidos fundamentos jurídicos que respaldan el procedimiento, pero dejemos oír las voces que claman en el desierto para sacar a la luz lo que ocultan. Ciertas expresiones del vice-ministro de economía Axel Kicillof han dado ímpetus a una menguada oposición político-mediática y encendido la indignación de la prensa nacionalista española que ha vuelto a agitar los fantasmas del populismo para contrarrestar la “impopularidad” del neoliberalismo practicado en casa.
El núcleo de la crítica de Kicillof, que el establishment insiste en no querer entender o malentender, sin embargo, resulta interesante y contundente. Deberíamos tomar nota y reflexionar con más inteligencia que pasión lo que se dice y lo que se pretende en sus palabras. En breve, la mención reiterada a los constructos jurídicos establecidos en circunstancias de radical asimetría resulta un obstáculo para el logro de la justicia “material”, que es al fin de cuentas la tierra firme del derecho.
En este contexto es comprensible que se haya reflexionado abiertamente acerca de la hipocresía detrás de la apelación a la “seguridad jurídica”. Se trata, en última instancia, de la necesidad de cambiar el mazo cuando las cartas están marcadas. Quienes insisten en desconocer la gravedad de la situación material y se reafirman en el procedimentalismo jurídico, a viva voz reconocen (aunque indirectamente) que no es el contenido de sus reclamos lo que convencerá, sino los subterfugios emplazados en la legislación para preservar el derecho al saqueo impidiendo la intervención del Estado para defender a la ciudadanía de sus codiciosas empresas. La prudencia nos conmina a dar a la materialidad un lugar privilegiado cuando las formalidades han sido precisamente dispuestas para impedir la justicia (en este caso la supervivencia, cuya condición de posibilidad no es otra cosa que el éxito societario).
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Finalmente, digamos dos palabras sobre la factibilidad. Lo que olvidan los ajetreados voceros de verbosidad antikirchnerista cuando hacen mención de la “biografía” del actual gobierno, es que entre el deber ser y la realización de cualquier logro hay algo que se llama “factibilidad”.
En la política, como ocurre en la vida individual de las personas, no todo lo que se quiere o se debe puede realizarse aquí y ahora. Es necesario contar con las condiciones de posibilidad que dan a la voluntad ocasión de ejercer el poder. Por lo tanto: no está demás echar un vistazo al apoyo popular que concitó la medida, porque en ese apoyo popular se concentra buena parte del poder a la mano que facilitó la acción decisiva.
Pero es necesario, también, prestar atención a otras circunstancias que han dispuesto el escenario de manera constructiva para nuestros fines. El panorama internacional, pese a las altisonantes amenazas que la prensa liberal hace resonar con insistencia, con la intención reiterada (se sospecha) de acechar la conciencia de la ciudadanía con nuevas versiones de esa película catastrofista que se empeñan en reeditar cada día con empecinamiento ya cansino, no es asunto menor.
Mientras en la cancha de Vélez, Cristina Fernández se daba un baño de multitudes, el gobierno de Rajoy se aprestaba a recibir una cumbre europea cerrando sus fronteras para impedir las protestas de hordas juveniles “radicales”. Al mismo tiempo, casi un centenar de intelectuales europeos llamaban a esa misma juventud desilusionada y traicionada, a ofrecer un año de “trabajo voluntario” para salvar a Europa. En ese gesto de buena voluntad, sin embargo, se ponía de manifiesto una de las causas más profundas de la actual crisis europea, el miedo que han inculcado los socialdemócratas y todos los que de un modo u otro se le parecen, a esas malditas palabras que se dicen “política” y “militancia”.